El objetivo es reforzar a los centros docentes para que puedan desarrollar acciones destinadas a fomentar la equidad. Así, el Acuerdo contempla que el dinero debe financiar programas dirigidos a colectivos de alumnos con menores perspectivas de éxito, a la atención de los alumnos con desfase en su evolución escolar, y a fomentar la puesta en funcionamiento de programas externos que tengan el mismo fin y estén amparados por la Administración.
Para la distribución de este dinero se tienen en cuenta factores como el número de alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que hay en cada Comunidad Autónoma, así como el número de estudiantes que a los dieciséis años no obtienen el título de Graduado en ESO. Además, se valoran aspectos como la dispersión de la población y la insularidad.
La aplicación de estos criterios da como resultado la siguiente distribución:
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